En un tenso pleno realizado el 31 de enero por la noche, Olga Bravo (Concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Villar de Cañas) presentó un moción para que se declarara nula otra moción de la alcaldía por la que se solicitaba la candidatura de Villar de Cañas para albergar el ATC. Esta moción rechazada sin apenas motivación, abre la puerta a nuevas reclamaciones que podrían concluir con la suspensión definitiva del proyecto de cementerio nuclear en Villar de Cañas.
Pero el pleno ha reconocido, de forma implícita, que la moción de presentarse como candidato al ATC podría ser ilegal. Pues la única motivación del alcalde para rechazar la moción de Bravo, ha sido el perjuicio que ocasionaría para el pueblo, pero no que el acuerdo se ajustara a derecho. Una vez más, en el pleno del 31, la Secretaria del Ayuntamiento (Carmen Barco) ha sido protagonista, poniéndose de parte de la alcaldía, cuando en sus funciones queda claro que debe mantener la neutralidad. La Plataforma estudiará las actuaciones de Barco para denunciarlas en caso de que sean suscecptibles de sanción.
Para entender lo que pasó anoche hay que retrotraerse al 22 de enero de 2010. Ese día, se desarrolló un pleno extraordinario en el que los asuntos tratados (siete puntos del orden del día) no tenían nada de particular.
Durante el transcurso de dicho pleno no pasó nada extraordinario. Sí se puede destacar, que no acudieron dos concejales (uno de ellos ni siquiera había recogido su acta de concejal) y que estaba presente un solo vecino.
Pero ya cerca de la media noche y sin que estuviera incluido en el orden del día, se discutió un punto más (el ocho). Este punto era ni más ni menos que la decisión más importante de la historia de esta pequeña localidad manchega de poco más de 400 habitantes: una moción de la alcaldía para presentarse como candidatos a albergar el ATC. Esta moción fue aprobado por unanimidad de los cinco ediles presentes.
Ahora, más de tres años después, La Plataforma ha podido conocer las pruebas de que esa moción se tomó de forma ilegal. El cúmulo de irregularidades y falta de calidad democrática están a punto de echar al traste de un proyecto.
El argumento de que el acuerdo de 22 de diciembre de 2010 fue ilegal, es uno de los pilares que sustenta el recurso ante el supremo de otro acuerdo: el del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011 que designaba a Villar de Cañas para albergar el ATC. Dicho recurso sigue su tramitación en la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
También, cabe recordar, que para llegar a la decisión del Consejo de Ministros (y como reconoció el Ministro Soria) Cospedal actuó de colaboradora necesaria, pues permitió que el cementerio nuclear fuera a Cuenca a pesar de oponerse a que fuera a Guadalajara y que el informe de la Comisión Interministerial situaba la candidatura de Villar de Cañas en cuarta posición de los 8 candidatos.
Pero el pleno ha reconocido, de forma implícita, que la moción de presentarse como candidato al ATC podría ser ilegal. Pues la única motivación del alcalde para rechazar la moción de Bravo, ha sido el perjuicio que ocasionaría para el pueblo, pero no que el acuerdo se ajustara a derecho. Una vez más, en el pleno del 31, la Secretaria del Ayuntamiento (Carmen Barco) ha sido protagonista, poniéndose de parte de la alcaldía, cuando en sus funciones queda claro que debe mantener la neutralidad. La Plataforma estudiará las actuaciones de Barco para denunciarlas en caso de que sean suscecptibles de sanción.
Para entender lo que pasó anoche hay que retrotraerse al 22 de enero de 2010. Ese día, se desarrolló un pleno extraordinario en el que los asuntos tratados (siete puntos del orden del día) no tenían nada de particular.
Durante el transcurso de dicho pleno no pasó nada extraordinario. Sí se puede destacar, que no acudieron dos concejales (uno de ellos ni siquiera había recogido su acta de concejal) y que estaba presente un solo vecino.
Pero ya cerca de la media noche y sin que estuviera incluido en el orden del día, se discutió un punto más (el ocho). Este punto era ni más ni menos que la decisión más importante de la historia de esta pequeña localidad manchega de poco más de 400 habitantes: una moción de la alcaldía para presentarse como candidatos a albergar el ATC. Esta moción fue aprobado por unanimidad de los cinco ediles presentes.
Ahora, más de tres años después, La Plataforma ha podido conocer las pruebas de que esa moción se tomó de forma ilegal. El cúmulo de irregularidades y falta de calidad democrática están a punto de echar al traste de un proyecto.
El argumento de que el acuerdo de 22 de diciembre de 2010 fue ilegal, es uno de los pilares que sustenta el recurso ante el supremo de otro acuerdo: el del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011 que designaba a Villar de Cañas para albergar el ATC. Dicho recurso sigue su tramitación en la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
También, cabe recordar, que para llegar a la decisión del Consejo de Ministros (y como reconoció el Ministro Soria) Cospedal actuó de colaboradora necesaria, pues permitió que el cementerio nuclear fuera a Cuenca a pesar de oponerse a que fuera a Guadalajara y que el informe de la Comisión Interministerial situaba la candidatura de Villar de Cañas en cuarta posición de los 8 candidatos.
