El pasado 5 de Septiembre fue cesado Jesús Moreno Vivas, Secretario General del Consejo de Administración de ENRESA [1]. Días más tarde la empresa pública comunica la destitución de Jesús Horcajo, director de Organización y Recursos Humanos [2]. El primero denunció incumplimiento de contrato por parte del presidente, Francisco Gil Ortega, al haber cobrado de la entidad gastos en viajes, pese a estar ya incluidos en su sueldo. Revelar la intención de contratar a 28 personas “a dedo” pudo haber costado el cargo al segundo de los cesados.
La auditoría interna realizada por ENRESA el pasado 3 de Junio, reveló que su presidente, Francisco Gil-Ortega, cobró de la empresa pública gastos, cargados previamente a su tarjeta de crédito Visa, por viajes en 2013 "tanto nacionales como al extranjero", sin haber presentado las facturas correspondientes. Los hechos fueron denunciados por el máximo responsable jurídico de la compañía, Jesús Moreno Vivas, que fue cesado fulminantemente tras darse a conocer dicha información. Según Vivas, Gil Ortega no sólo habría incumplido así su contrato, sino que además podría haberse enriquecido de forma injusta.
Hasta la fecha Gil Ortega sólo ha presentado los resguardos de la tarjeta VISA, pero no las facturas, tal y como exige la Ley General Tributaria, para gastos deducibles. Tampoco ha especificado los conceptos ni las personas que participaron o se beneficiaron de ellos. En cualquier caso, según explicó Moreno Vivas en su informe final, la percepción de dietas es incompatible con el abono de dichos gastos, pues se estaría compensando al Gil Ortega por un mismo concepto dos veces, originando así un enriquecimiento injusto.
La misma auditoría ha revelado que el presidente de ENRESA y su director de Comunicación, el periodista Carlos Dávila, gastaron por cuenta de esa sociedad pública 15.836 euros en 105 "comidas de empresa" en 2013, a una media de 150,8 euros por cada una de ellas. Gil-Ortega habría cargado 9.388,71 euros en 65 "eventos", mientras que el exdirector de La Gaceta, habría utilizado 6.447,33 euros en otras 50 comidas. El informe final clasifica como "incidencia reseñable" el hecho de que en más del 70 % de los casos no se indique la identidad de los comensales invitados, como exige la normativa interna de la institución pública [3].
Bebidas alcohólicas como wiskis, gin tonics, y otros destilados, fueron incluidos como "gastos del evento" a pesar de estar expresamente prohibido por la compañía. Llama igualmente la atención el desmesurado gasto en mercadotecnia y publicidad, seis veces superior al que correspondería a una empresa pública y sin competencia, como es ENRESA. De semejante dispendio forman parte los 60.000 € recibidos por Radio Televisión de Castilla-La Mancha para promocionar el silo radiactivo [4], las galas televisivas de I+más Tv en Socuéllamos o Tomelloso (Ciudad Real), así como la publicación de revistas y panfletos, para su distribución en ayuntamientos y asociaciones [5].
Por otro lado, Gil-Ortega ha solicitado por carta al Ministerio de Hacienda que dé luz verde a 28 contrataciones indefinidas que presumiblemente la dirección pretende realizar "a dedo". La selección, pendiente de aprobación, se basa en un procedimiento de urgencia que la Dirección de Auditoría de la empresa pública ha cuestionado por considerarlo "muy genérico", ya que podría conculcar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad [6]. Estas críticas podrían haber motivado el cese de Jesús Horcajo, jefe de Organización y Recursos Humanos de ENRESA, por entender que dichos nombramientos "difícilmente se podrían formalizar" como un "proceso transparente".
Los argumentos esgrimidos por Gil-Ortega para persuadir al Ministerio de Hacienda de que agilice el proceso es la “necesidad” de tener construido el Almacén de Espera para poder recibir los contenedores almacenados en Francia de la siniestrada central de Vandellós I, por los que habría que pagar importantes penalizaciones, de no estar aquí antes de Junio de 2017. Asimismo manifiesta el temor a reclamaciones por “lucro cesante” de las centrales nucleares, en caso de saturación de sus piscinas, lo cual carece de sentido pues prácticamente todas disponen ya de almacén individual en seco.
Asegura que "la plantilla actual de Enresa no puede afrontar la puesta en operación de esta instalación" y que se requieren "perfiles especializados” para posibilitar la concesión de las oportunas licencias por parte del Consejo de Seguridad Nuclear antes de la puesta en operación" del basurero nuclear. Mucho nos tememos que las prisas son otras, más bien de índole electoral, y que los “perfiles especializados” podrían guardar más relación con clientelismos políticos que con perfiles técnicos.
Nunca la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos había estado tan politizada, nunca su presidente había sido tantas veces noticia, ni nunca había sido tan cuestionada la credibilidad de esta entidad pública. Por tanto para esta Plataforma EXISTEN MOTIVOS MÁS QUE SUFICIENTES PARA PEDIR –UNA VEZ MÁS [7] - LA INMEDIATA DIMISIÓN DE FRANCISCO GIL ORTEGA COMO PRESIDENTE DE ENRESA.