Francisco Castejón
(Doctor en Físicas y miembro de Ecologistas en Acción)
FINALMENTE, LLEGA EL PROCESO DE BÚSQUEDA DEL ATC
El 29 de diciembre de 2009 se dio la señal: Se abría finalmente el plazo para que los municipios interesados se presentaran para acoger un cementerio nuclear o Almacén Temporal Centralizado (ATC). Se trata de un hecho clave en la historia de la energía nuclear en España puesto que la puesta en marcha de tal instalación permitiría tanto un alargamiento de la vida de las centrales nucleares como un hipotético relanzamiento nuclear.
Si bien este ATC necesitaría ser ampliado para poder acoger los residuos de las nuevas centrales que se pudieran construir.
Esta fecha se había ido retrasando desde 2006 por las protestas vecinales en Peque (Zamora), y por las elecciones locales (2007) y generales (2008).
Durante todo este tiempo, los representantes de ENRESA fueron haciendo propuestas a diferentes alcaldes dentro y fuera de la AMAC (Asociación de Municipios Afectados por Centrales). Claramente, los responsables del proceso no podían permitirse otro fracaso como el de 2006 y deberían tener ya algunos municipios dispuestos a presentarse cuando el proceso se abriera. Les interesaba también que hubiera ayuntamientos dentro y fuera de la AMAC, porque esta asociación se comporta como un lobby que quiere, por un lado, favorecer la industria nuclear y, por otro, conseguir ventajas económicas para sus ayuntamientos. La AMAC negocia como un solo ente y presiona sobre el gobierno para conseguir ventajas y la forma de contrarrestar esto era tener interlocutores externos.
Durante 2009 se produjo una serie de intensas protestas en torno a Yebra (Guadalajara), uno de los pueblos de los que teníamos constancia que se iba a ofrecer como candidato. Estas protestas tuvieron sin duda influencia en los retrasos. Y a la industria nuclear, que desde abril de 2005 paga un canon por la gestión de los residuos, le corre prisa tener disponible el ATC. Por un lado, los residuos vitrificados de Vandellós I (que ya nos cuestan unos 57000 euros diarios) obligarán a depositar unos 60.000 euros diarios a partir del 1 de enero de 2011, según el contrato secreto firmado por ENRESA y COGEMA. Este dinero se entrega en concepto de depósito y se devolverá cuando se retornen los residuos a España, previo descuento de los costes de gestión. Por otro lado, la piscina de combustible gastado de Ascó I se satura en 2013, por lo que esta central debería construir un Almacén Transitorio Individual (ATI) para albergar sus residuos.
UN PROCESO OSCURANTISTA
El proceso ha resultado al final oscurantista y antidemocrático. Las
negociaciones han sido secretas y el resultado es que no se ha producido un verdadero debate sobre la gestión de los residuos. Los candidatos se han presentado tras Plenos Extraordinarios en los ayuntamientos, en algunos casos semi clandestinos, y sin consultar a sus ciudadanos. En este proceso tampoco se contó para nada con las asociaciones ciudadanas o sindicales de las zonas afectadas, ni se tuvo en cuenta la opinión de los pueblos vecinos, sin duda afectados por la instalación, ni de las comunidades autónomas que también habrán de tener algo que decir. Contrasta este proceso con el que se siguió en HABOG, en Borssele (Holanda), que se eligió tras un proceso que duró 20 años para albergar el ATC, y con intensos debates ciudadanos.
Esta forma de proceder del Ministerio de Industria contraviene el convenio de Aarus firmado por España en 2005, que consagra la transparencia y los debates democráticos en la construcción de instalaciones tan sensibles como el ATC.
El resultado es que en España se presentaron catorce municipios, aunque uno de ellos se retractó dos días después y otros fueron descartados por defectos de forma o por no cumplir las condiciones requeridas. Finalmente quedan ocho pueblos: dos en zonas nucleares, Ascó en Tarragona y Yebra en Guadalajara, y seis en zonas no nucleares: Zarra (Valencia) cuyo alcalde está imputado en delitos urbanísticos, Villar de Cañas (Cuenca), Albalá (Cáceres), Torrubia (Soria) y Santervás de Campos y Melgar de Arriba (Valladolid). Se trata pues, de cinco comunidades autónomas implicadas. En contra de lo que pregonaba el Ministro de Industria y a pesar de las compensaciones millonarias ofrecidas por Industria, sólo se cuenta con esos ocho municipios que en total suman algo más de cuatro mil habitantes. Cabe preguntarse, si el proyecto es tan bueno, ¿por qué no ha concurrido alguna gran ciudad, en esta era del municipalismo? ¿Por qué no hay competición entre las grandes ciudades para acoger la instalación al igual que la hay para las olimpiadas?
Otro efecto del tipo de proceso son las enormes tensiones políticas que se han producido. Por un lado el entonces presidente de Castilla-La Mancha Barreda, en línea con la política de su gobierno autonómico, se opone firmemente a la construcción del ATC en Castilla-La Mancha y, por otro, Montilla, a la sazón President de la Generalitat Catalana, cambia de opinión y se opone a la instalación en Cataluña. El gobierno ve así como las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE se oponen a sus planes.
Estos dos presidentes se dan cuenta de que sus posibilidades de ser
reelegidos en esas dos comunidades autónomas aumentarán con esta postura, puesto que el ATC concita la oposición de los ciudadanos. La gente se opone mayoritariamente al cementerio nuclear por los riesgos que implica y por los transportes necesarios. Por otra parte, ERC e IC anuncian que la instalación del cementerio nuclear en Cataluña sería suficiente para romper el tripartito, lo que constituiría una desastre político para el PSOE. Sin
embargo, el presidente de Castilla-León está dispuesto a aceptar el ATC. Desde el punto de vista político, por tanto, parecía que Castilla-León era la comunidad con más probabilidades, aunque el Decreto Ley del 29 de diciembre dé prioridad a las zonas nucleares.
RESOLUCIÓN FINAL
Tras un proceso lleno de protestas ciudadanas, y numerosas negociaciones políticas entre el gobierno Central y las comunidades autónomas, en septiembre de 2010 El entonces ministro Miguel Sebastián propone en Consejo de Ministros, que el ATC se vaya a Zarra (Valencia), a pesar de que el primer situado en la lista del comité Asesor Técnico designado por Industria era Ascó (Tarragona). Esta decisión parecía extraña a primera vista, pero respondía a los contactos políticos entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana y al hecho de que ENRESA prefería un pueblo fuera de la AMAC. María Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta del gobierno, se opuso a tal decisión.
Y así quedó el proceso abierto hasta diciembre de 2011, tras las elecciones del 20-N, en que ganó el PP. El nuevo Ministro de Industria, José Luis Soria, tomó la decisión de ubicar el ATC en Villar de Cañas (Cuenca), en el segundo Consejo de Ministros del nuevo gobierno, demostrando una sorprendente celeridad para resolver uno de los problemas más graves de la industria nuclear española. Las calves para la elección de este emplazamiento hay que buscarlas en la situación política de María Dolores de Cospedal, número dos del PP y presidenta de Castilla-La Mancha y en el nada desdeñable hecho de su buena comunicación con Madrid, que permitirá que sus técnicos vivan en esta ciudad. Las características del terreno, de carácter inundable, y su situación encima de un acuífero no han influido en la decisión.
NO ES EL PRIMER INTENTO
La dificultad técnica de la gestión de los residuos de alta actividad se refleja en una historia con varios intentos de construir instalaciones de este tipo, a veces en superficie, a veces subterráneas. Hay que retroceder a 1985 para asistir al primer intento. En Aldedávila de la Ribera (Los Arribes, Salamanca) la recién constituida ENRESA busca un emplazamiento en la zona que se pudiera convertir en un “análogo natural”, esto es, una zona del subsuelo donde se pudiera investigar el comportamiento de los radioisótopos. El problema es que esas investigaciones darían lugar casi con toda seguridad a un Almacén Geológico Profundo (AGP). Las fuertes protestas vecinales y la oposición del Gobierno portugués dieron al traste con estos planes.
El segundo intento se registró en1988 en torno a la central nuclear de Trillo (Guadalajara). Aprovechando esta instalación, se quería construir un ATC, donde se recojan los residuos de todas las centrales españolas. Este intento fracasa por las protestas populares de la época, que todavía están en la memoria y operan en el imaginario de los opositores a este ATC en la zona de Yebra.
En 1995 ENRESA intenta colocar un laboratorio subterráneo en Nombela (Toledo). Se trata de un proyecto similar al de Aldedávila. Nuevamente existe el temor de que el proyecto devenga en AGP. Y nuevamente se producen protestas populares que frenan la instalación, incluido el nacimiento de la Coordinadora Antinuclear de la Zona Centro.
En la segunda mitad de los 90, ENRESA sigue con la caracterización geológica del territorio español con vistas a la construcción de un AGP. Se trataba de caracterizar cada vez más en profundidad zonas del territorio cada vez más pequeñas. La última fase se conocía como Proyecto ZOA (Zonas Favorables). Se identifican en este proceso unas 25 zonas favorables para instalar un AGP. Cuando se hacen públicas estas zonas, se producen protestas en Los Pedroches (Córdoba), Los Pintanos (Navarra y Zaragoza), Suria y Cardona (Catalunya), Montánchez (Extremadura), Villasandino (Zamora),… Todos estos vaivenes dan lugar a la ponencia del Senado en 1999, en la que se decide que no hay solución técnica admisible y se aplaza la decisión hasta 2010 ¿2004?. Aunque ENRESA y la Comisión Europea manifiestan su preferencia por el enterramiento.
En 1999 se registra en Trillo el penúltimo intento de construir un ATC. Dado que la piscina de la central se saturaba, era imprescindible construir un cementerio nuclear para los residuos de Trillo o cerrar. Obviamente, esta instalación podía devenir en ATC dada la situación de indefinición sobre la gestión de los residuos de alta actividad. Los responsables de ENRESA siempre declararon que se quería construir un ATI (Almacén Temporal Individual), pero unos años después, el alcalde de Trillo reconoció públicamente (para estupor del autor de estas líneas) que había negociado con ENRESA para construir un ATC, pero no le daban lo que pedía. Finalmente la movilizaciones populares y la oposición e toda la sociedad forzó que sólo se construyera un ATI para Trillo.
Como se ve, hasta la fecha se han parado todas las iniciativas. En esta ocasión la industria nuclear tiene más presiones que en las anteriores, por lo que la situación está peor y debemos ser capaces de reaccionar.
¿QUÉ SE PUEDE HACER CON LOS RESIDUOS DE ALTA?
El problema es que no se puede garantizar la seguridad de ninguna instalación durante el largo tiempo, cientos de miles de años, en que los residuos de alta son peligrosos. Tras descartar las soluciones de ciencia ficción, varias son las formas de gestión que se barajan, todas ellas con ventajas e inconvenientes.
Almacenes Temporales Individuales (ATIs). Tienen la ventaja de que eliminan los transportes y de que cada cual se queda con los residuos de la central nuclear cercana, lo que resulta menos injusto. Pero también presentan inconvenientes: hay varios emplazamientos con residuos, lo que incrementa el riesgo y el precio.
Almacenes Temporales Centralizado (ATC). Ventajas: se trata de un único emplazamiento, más fácil de vigilar y más barato, pero presenta el inconveniente de los transportes, que aumentan el riesgo y de colocar todos los residuos en el mismo sitio, lo que es injusto.
Almacén Geológico Profundo (AGP). Sus ventajas se cifran en proporcionar una mejor protección física por ser más difícil la intrusión humana. Pero presentan el inconveniente de que es más difícil de vigilar el estado de los residuos y los contenedores y de la inestabilidad de las formaciones geológicas. El AGP se contempla a menudo como la solución final y, de hecho hay ya voces en la industria nuclear que defienden que se adopte esta forma de gestión.
En conjunto, las instalaciones de superficie frente a las enterradas tienen el inconveniente de que son más vulnerables, pero tiene la ventaja de que se pueden vigilar mejor los residuos y sus contenedores. Los cementerios nucleares de superficie pueden ser en seco o en piscinas.
Otras formas de gestión que se ponen sobre la mesa son la transmutación o el “reciclado”. Sin embargo la transmutación aún no está disponible a nivel industrial y, de acuerdo con los resultados de la investigación, de momento no está claro que se pueda acabar con todos los residuos de alta. Ambas son técnicas de doble uso militar y civil con posible extensión de la proliferación nuclear. Éstas dos son la esperanza y la baza de la industria nuclear.
La incertidumbre tecnológica en la gestión de los residuos de alta actividad se traduce en la diversidad de opciones adoptados por lo diferentes países. Por ejemplo, en Finlandia se opta ya por el enterramiento en Olkiluoto, cerca del complejo nuclear en construcción. En EEUU se investigó también el enterramiento en Yucca Mountain, pero se abandonó, tras gastar en él 3.000 millones de dólares. En Suecia se ha optado por un ATC en piscina. En Francia parece que se opta por un ATC en seco, pero se aplaza la decisión.
Y en Holanda, se opta por un método que sirve de referencia al ATC español. Un cementerio en seco denominado HABOG en la localidad de Borssele. Pero hay diferencias entre HABOG y el proyecto de ATC español. Para empezar, HABOG se construye tras un amplio y pausado debate social de 20 años, lo que hace innecesarias las compensaciones a la población. Está junto a la nuclear de Borssele, la única que funciona en la actualidad en Holanda, con lo que se evitan los transportes. La cantidad de residuos a depositar en el ATC español es 10 veces superior al holandés. Finalmente, en el español se depositarían tres tipos de residuos, a diferencia del holandés: los vidrios de Vandellós I, el grafito radiactivo de esta central y el combustible gastado tal cual.
LOS EFECTOS DEL ATC SOBRE LA ZONA
Las ventajas del ATC para el pueblo que lo acoja se cifran en los impuestos municipales sobre la inversión de 700 millones de euros y a la compensación de 6 millones de euros anuales que recibiría y gestionaría el ayuntamiento.
Se trata de una enorme cantidad de dinero para municipios que tienen unos cientos de habitantes, pero no está claro que este dinero vaya a revertir en el desarrollo local. A cambio, este monocultivo económico cercena otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la apicultura, el turismo rural, la pequeña y mediana empresa,… Para estudiar el posible efecto sobre la economía local se puede ver lo ocurrido en las zonas nucleares, en las cuales las centrales no han sido capaces de generar verdadero desarrollo, como muestra el hecho de que todos los pueblos hayan perdido población y que la lluvia de millones que ha caído sobre estos pueblos no ha sido capaz de generar actividades económicas ni desarrollo alternativo.
Además hay que contar los puestos de trabajo de baja calidad generados en la construcción y los aproximadamente 50 puestos permanentes. Éstos últimos serían ocupados por técnicos que no procederán de la zona donde se instale el ATC.
Pero, ¿quién paga todo esto? Desde 1984 hasta 2005, la gestión de los residuos y el desmantelamiento se pagaban con cargo al recibo de la electricidad, procediera ésta de térmicas, nucleares o renovables. Era, de hecho, un impuesto más sobre la electricidad que variaba entre el 0.8 y el 1.2 %, dependiendo de la recaudación. A partir de entonces, las nucleares pagan un canon por kWh producido. Se pude decir, por tanto, que las 4/5 partes son fondos públicos del dinero de que dispone ENRESA son fondos públicos, pagados por los consumidores.
Los riesgos del ATC están asociados a la peligrosidad de las sustancias que alberga y a la incertidumbre de qué ocurrirá después: el ATC está licenciado para 60 años, pero alberga residuos peligrosos durante cientos de miles de años, por lo que nadie puede decir qué se hará a continuación con estas sustancias.
Se supone que el ATC estará hecho a prueba de terremotos, pero habría que recordar que la central nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kawira, que también lo estaba, sufrió una fuga de 1300 litros de agua radiactiva por los efectos de un terremoto en julio de 2007.
Asimismo, la central de Fuskushima-Daiichi sufrió los efectos del terremoto y posterior tsunami en marzo de 2011. También se dice que el almacén soportaría el choque de un avión de caza, pero no el de un avión de pasajeros que es algo más fácil de esperar tras el 11-S. Es obvio que si el ATC sufre un ataque aéreo de un caza, no sería mediante el suicidio son mediante sus armas. En caso de un ataque suicida, más bien habría que temer el de un avión de pasajeros.
Los posibles accidentes en la manipulación de los residuos son otro riesgo, puesto que éstos han de pasar por varias grúas y etapas antes de ser almacenados en los silos. Ese suceso podría llegar a producir una grave contaminación.
Otro elemento de riesgo son los transportes, además del impacto que supondrían sobre las zonas que atraviesen. Se trata de transportes especiales no exentos de riesgo. Las pruebas a las que se somete los contenedores son insuficientes para garantizar 100% que no hay riesgo.
Sobre el papel el riesgo es siempre menor que el real, porque todo se considera de forma ideal. Por ejemplo, el cementerio nuclear alemán de media y baja actividad de Asse, ubicado en una mina de sal, ha tenido que desalojarse por un error en su construcción en una mina de sal. Esto obliga a sus responsables a trasladar 126.000 bidones de residuos. Otro sonoro fracaso ha sido el de Yucca Mountain en EEUU, en que se han abandonado las investigaciones para construir un AGP tras gastar nos 3.000 millones de dólares.
CONCLUSIÓN
En los casi 60 años de existencia de la fisión nuclear en la tierra, no se ha conseguido un sistema de gestión de los residuos de forma que se asegure que no sean una amenaza para las generaciones futuras. Todas tienen problemas y, por tanto, lo más sensato es dejar de producirlos, es decir, proceder al cierre escalonado de las centrales nucleares.
No se puede conseguir un consenso sobre la gestión de los residuos sin un calendario de cierre de centrales nucleares. No es lo mismo, ni desde el punto de vista técnico ni social, acometer la construcción de un cementerio nuclear, sea en superficie o en profundidad, sea individual o centralizado, sin tener un calendario de cierre que teniéndolo. Desde el punto de vista técnico, el calendario de cierre limita la cantidad de residuos a gestionar y dice cual ha de ser el tamaño; y desde el punto de vista social se dice a la sociedad cuantos residuos y cuantos transportes tendrá que soportar.
Los conflictos sociales y políticos que se están produciendo durante la instalación del ATC son un efecto indeseado de la energía nuclear. Lo más sensato para conseguir el necesario consenso social es dejar de producir residuos, procediendo al cierre escalonado de las centrales nucleares. Una vez que éste esté establecido, se debe abrir un amplio debate social con participación de expertos y de diversas entidades sociales para identificar la forma de gestión menos mala.
La opción por Villar de Cañas es una decisión puramente política sin que hayan pesado mínimamente los criterios técnicos esbozados por el Comité Asesor Técnico. Ha pesado más el apoyo político de María dolores de Cospedal, número dos del PP y presidenta de Castilla-La Mancha que cualquier otra consideración.