A través de Ecologistas en Acción, la Plataforma pretende que, de una vez por todas, se esclarezcan una larga lista de irregularidades que comenzaron en junio de 2012 cuando Cospedal consiguió colocar a un hombre de su confianza (Francisco Gil-Ortega con nula experiencia en el sector nuclear) en la presidencia de Enresa, tras una pugna de 6 meses con miembros del PP [1]. Así mismo, espera que una vez esclarecidos los hechos, se depuren las responsabilidades y, en caso necesario, se procese a los presuntos culpables.
Desde junio de 2012 hasta que Gil-Ortega presenta su dimisión el 11 de febrero de este año, se han sucedido numerosas licitaciones, algunas de ellas millonarias por parte de la empresa pública. Destaca la adjudicación de 4 contratos a la empresa Iberinco (en solitario o mediante empresas participadas por ella) por valor de 34 millones de Euros, en dicha empresa está como directivo Ignacio López del Hierro marido de Cospedal.
La dimisión de Gil-Ortega, forzada ante las graves irregularidades de su mandato y el nombramiento del nuevo presidente (Juan José Zaballa) no ha cambiado la frenética licitación de obras, suministros y servicios relacionados con el ATC.
Así, se sigue adelante la compra de dos puentes grúa por valor de más de 14 millones de euros y un largo etcétera de suministros y estudios vinculados al ATC, que sin embargo no posee ninguna de las 5 autorizaciones necesarias.
Pero los dos casos más llamativos son los del edificio principal y de los contenedores de doble uso. El primero está pendiente de adjudicación con el único trámite pendiente de la apertura del tercer sobre, de la oferta económica. El segundo ha llevado aparejado la dimisión de la jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad, Doña Maribel Rivera que dejó el puesto antes de la adjudicación. La dimitida, según una información periodística[2], no quería firmar la adjudicación, que consideraba irregular, a la empresa ENSA. Las razones de la dimisión son: por ser la oferta económica más cara y por considerar que no era una compra necesaria dados los retrasos del proyecto del ATC. Cabe recordar que en la actualidad no existen autorizaciones necesarias para llevar a cabo la obra del ATC. A pesar de lo expuesto, la dirección de Enresa sigue adelante y finalmente adjudica la obra a ENSA.
La adjudicación de los 10 contenedores por valor de más de 26 millones de Euros este pasado 12 de mayo[3], es el principal argumento de la denuncia que se ha presentado hoy.
Las autorizaciones pendientes, necesarias para el inicio de las obras del ATC son: autorización de emplazamiento y de construcción (Industria) en los que es preceptivo el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, declaración de impacto ambiental (DIA) que debe expedir el MAGRAMA, la aprobación de normas urbanísticas de planeamiento (Consejería de Fomento) y el licencia municipal y de actividad (Ayuntamiento de Villar de Cañas). Además el CSN ha solicitado varias PIAs (Petición de Información Adicional) en las que plantea dudas sobre aspectos geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos
Desde la Plataforma se quiere resaltar que esta organización no considera responsable a la empresa en su conjunto ni a sus trabajadores.
[1] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/25/actualidad/1332695647_402318.html
[2] http://www.eldiario.es/economia/Nueva-dimision-Enresa-adjudicacion-millones_0_380762518.html
[3] http://www.enresa.es/contratos/044-CO-IA-2014-0009